Mientras los dirigentes sindicalistas emiten voces en contra del proyecto de ley que busca salvar las finanzas de las cajas jubilatorias mediante un control a las inversiones que se realizan con el dinero de los aportantes, van saltando casos sumamente escandalosos sobre los malos manejos de quienes hoy “cuidan los fondos”.

En octubre del 2016, la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE resolvió conceder una facilidad de crédito con garantía hipotecaria abierta a la empresa Rubén Darío Comercial SRL por la suma de G. 9.757.150.000, por un plazo de cinco años, una tasa del 15%, y pago mensual del interés y capital.

En el marco de dicho acuerdo, en marzo de 2020, el consejo directivo de la caja resolvió autorizar el desembolso de G. 5.100 millones para la mencionada casa de venta de electrodomésticos.

En enero de 2021, el consejo dispuso el refinanciamiento de la deuda por la suma de G. 7.434.568.998

En enero del 2022, los directivos de la caja jubilatoria decidió autorizar otro desembolso de G. 2.970 millones.

Pero al incumplirse el acuerdo inicial, en febrero de 2023, el Consejo de Administración de la Caja de la ANDE resolvió iniciar las gestiones para el cobro de la deuda por la vía judicial. En el documento aparece la firma de José Pineda, sindicalista que justamente hoy protesta contra la Ley de Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones.

De acuerdo con el documento, la deuda total de la referida firma comercial asciende a G. 10.355.113.639 al 06 de febrero de 2023, con un atraso de 8 y 9 meses por un importe de G 1.785.924.683

Llama la atención la férrea oposición que tienen algunos funcionarios en contra de la propuesta legislativa para tener un mejor control de la plata de las Cajas Jubilatorias.