Luego de 8 años se pudo conocer la sentencia del ex gobernador de Presidente Hayes y hermano del Senador colorado Basilio “Bachi” Núñez. El juicio arranco a las 23 horas pero recién durante la madrugada se dio a conocer la condena que fue de11 años de prisión por un perjuicio económico superior a los Gs. 40 millones a la gobernación y la inhabilitación de estar en cargos públicos por 10 años.
La condena fue por hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio, producción y uso de documentos no auténticos.
Además de Núñez, también fue condenado su sucesor Emigdio Benítez, también ex gobernador de Presidente Hayes, a una pena privativa de libertad de 7 años y 6 meses
También fue condenada la ex secretaria de Administración y Finanzas de la Gobernación, Nancy Núñez de Roussillon (esposa de Rubén Rousillon, otro ex gobernador de Presidente Hayes) a 5 años de cárcel más inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por 5 años.
Otros condenados fueron Edulfo Verón, ex secretario de Administración a 6 años de cárcel más inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por 5 años; y Raúl Delgado, funcionario de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), condenado como cómplice por lesión de confianza a 3 años de cárcel. Mientras que fue absuelta Marlene Altemburger Da Silva.
Asimismo, el tribunal dictaminó la revocatoria de las medidas alternativas para los condenados Oscar Núñez, Emigdio Benítez y Edulfo Verón, además de disponer su detención.
En tanto, se mantienen las medidas alternativas para Nancy Núñez y Raúl Delgado.
La sentencia fue de forma unánime. “El perjuicio patrimonial total que el tribunal da por probado con relación a la lesión de confianza para el señor Oscar Núñez es de G. 42.503.556.035″, remarcó la jueza Elsa García.
“El perjuicio patrimonial total que el tribunal da por probado con relación a la lesión de confianza para el señor Oscar Núñez es de G. 42.503.556.035″
Jueza Elsa García
Asimismo, para el tribunal el proceso al ex gobernador y otros “reviste características de un caso especialmente grave que sobrepasa los estándares normales y no debe perderse de vista el monto del perjuicio patrimonial”.
Se aclaró que durante la gestión de Núñez se desvió fondos destinados originalmente a sectores vulnerables como escolares, indígenas y campesinos.
En lo que respecta a la expedición de cheques sin contraprestación, el perjuicio patrimonial a la citada Gobernación, al mando de la gestión de Núñez, alcanza G. 12.401.371.411, según determinó la jueza Claudia Criscioni.
Agregó que, durante el 2012, el perjuicio patrimonial, fijado objetivamente, subió a G. 15.584.229.080.
Criscioni mencionó, además, que toda la documentación contable de la Gobernación de Presidente Hayes, bajo la administración de Núñez, desapareció.
La jueza también constató que hubo “dolo directo en primer grado”, ya que existió extracción de cheques al portador, de los cuales se hace efectivo el dinero y luego “el dinero se pierde”.
El perjuicio al Estado paraguayo que cometió el hermano del senador Basilio Núñez sumaría unos G. 51.000 millones
El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por las magistradas Elsa García, Cándida Fleitas y Claudia Criscioni. Las magistradas procedieron a detallar las acusaciones por las que se halló culpable al ex gobernador por lesión de confianza y uso de documentos públicos de contenido falso, entre otros delitos.
El perjuicio al Estado paraguayo que cometió el hermano del senador Basilio Núñez sumaría unos G. 51.000 millones, según cálculos del Ministerio Público. El fiscal Luis Said, quien representó al Ministerio Público, había pedido 15 años de cárcel para el ex gobernador colorado.
Se estima que sólo en el 2014, Núñez causó un perjuicio patrimonial de G. 30.000 millones, mediante la expedición de 900 cheques que pertenecían a la Gobernación con cargo del Banco Nacional de Fomento (BNF), cobrados por particulares.
La causa se extendió al también ex gobernador Emigdio Benítez y los respectivos administradores, Edulfo Verón y Nancy Núñez, además del también ex gobernador Rubén Antonio Roussillón.
El dinero debía ser destinado para salud, educación y pueblos indígenas. Los investigadores identificaron más de 900 cheques emitidos sin una contraprestación de bienes y servicios.
El juicio fue realizado luego de unas 33 suspensiones de audiencias preliminares desde el 2015, lo que lo colocó en el foco de la indignación ciudadana.
Leave a Reply