La ciudadanía de Arroyos y Esteros con un grupo de nueve concejales tomaron la municipalidad de la ciudad en protesta por la construcción de un vertedero de basura.

El intendente colorado José Filippi es acusado de operar para que una empresa vinculada al gobernador de Cordillera, Denis Lichi, y al exsenador Blas Lanzoni, se haga cargo del servicio.

Desde que Filippi aprobó el proyecto por resolución, resguardándose en un dictamen del Ministerio del Ambiente, miembros de la comunidad -la ciudad cuenta con cerca de 25 mil habitantes- y nueve de los diez concejales tomaron el edificio para presionar al intendente. “Filippi no tiene atribuciones para aprobar un proyecto así sin el consentimiento de la Junta Municipal”, dijo el concejal Edgar Ovelar, de la ANR.

El ejecutivo municipal está beneficiando a la empresa CH4, dueña de 170 hectáreas en la zona de un humedal que pone en peligro a las comunidades de Mainumby, al asentamiento Coronillo de Tobati y al cauce hídrico del Río Piribebuy, que desemboca en el Río Paraguay. Se calcula que más de 200 familias serán afectadas por la construcción del basural.

Los dueños de CH4 serían los mismos de la empresa El Farol SA, que tiene adjudicado el servicio de gestión de residuos en varias localidades del país, junto con el ex gobernador de Central y senador liberal, Blas Lanzoni. Aunque los concejales denuncian que el que está detrás de todo esto es el actual gobernador colorado de Cordillera, Denis Lichi, porque según los denunciantes cuenta con acciones de la empresa.

El pleno de la Junta Municipal tenía previsto debatir sobre el vertedero, pero la presidenta de la institución, Rosa María Villamayor, suspendió la sesión y pasó para el martes 30 de enero a las 17 horas, porque no existen condiciones para convocar a los concejales. “No se puede suspender la sesión, fue convocado en tiempo y forma. Los que nos oponemos al vertedero estaremos ahí”, aclaró Ovelar.

Es la municipalidad la encargada de definir si un proyecto como un vertedero se habilita o no

Respecto a la situación de la obra en sí, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) finalizó el estudio de impacto ambiental, aunque se lavó las manos sobre la habilitación de las obras y responzabilizó al municipio. “Es la municipalidad la encargada de definir si un proyecto como un vertedero se habilita o no”, rezaba el comunicado.