En el 2015, la Policía Federal del Brasil estimó que las pérdidas causadas por las irregularidades en Petrobras descubiertas por la operación Lava Jato podrían alcanzar los 42,8 mil millones de reales. Esto, según el peritaje criminal realizado en uno de los procesos de la operación.

Al cambio de aquel entonces (dos reales por dólar), da la suma de USD 21.000 millones. Actualmente, el cambio es de 5 reales, por lo que el cambio en dólar representará la suma de USD 8.700 millones.

El caso involucró a 45 corporaciones. Cuatro de ellas son empresas estatales brasileñas, entre las que destaca la petrolera Petrobras y su subsidiaria, la Distribuidora BR. También aparecen la procesadora de gas natural Transpetro y la energética Eletrobras Eletronuclear.

Entre las firmas del sector privado se encuentran Odebrecht, Camargo Correa, UTC Engenharia y Engevix. También aparecen IESA Óleo e Gás, Toyo Setal, Mendes Júnior, Galvão Engenharia, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvão, entre otras más.

Estas tres últimas se presentaron para un llamado a licitación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Se trata del llamado a licitación para la ampliación y mejoramiento de la ruta PY01 en el tramo “Cuatro Mojones-Quiindy”. La longitud de las obras es de 108 kilómetros. El llamado está en proceso de evaluación y el valor de las obras se estima que será de USD 480 millones.

A pesar de los antecedentes de las tres firmas brasileñas, la cartera vial solo descalificó a una, y mantiene en el concurso a las dos restantes. La única firma descalificada es Coesa Construção e Serviços (OAS).

Las otras dos que siguen en carrera son AG (Andrade Gutiérrez) Construções e Serviços. En el 2018, esta constructora brasileña firmó un acuerdo de clemencia con las autoridades en el que se comprometió a devolver a las arcas públicas 1.490 millones de reales (USD 382 millones) por daños y perjuicios.

Esa cantidad deberá ser pagada en un plazo de 16 años en concepto “de daño, enriquecimiento ilícito y multa en el marco de 54 contratos fraudulentos envolviendo recursos públicos federales”, procedentes principalmente de la petrolera estatal Petrobras, según un comunicado del Ministerio de Transparencia y la Abogacía General de la Unión (AGU) en ese momento.

Por su parte, Álya Constructora SA (ex-Queiros-Galvão), fue declarada como “empresa no idónea”, a fines de enero del 2020, por la Contraloría General de Brasil para suscribir contratos públicos con el Gobierno brasileño por su implicación en hechos de corrupción. La firma es una importante constructora con obras en diferentes países de América Latina y África.

La medida fue adoptada debido a que la constructora actuó “en defensa de intereses oscuros y particulares, de forma concertada y engañosa, para frustrar, desviar y defraudar licitaciones de Petrobras en complicidad con otras empresas”, según reza el comunicado publicado en ese entonces.

En mayo del 2022, la empresa pasó a llamarse Álya Constructora SA. El cambio de nombre de la empresa sigue un patrón que se ha repetido entre los grupos involucrados en la operación Lava Jato en los últimos años.