Hace pocos días el exministro de Hacienda, César Barreto, mencionaba que nuestro país está en una zona casi anaranjada respecto a la sostenibilidad de la deuda, que, aunque aún sea sostenible, el escenario se vuelve cada vez más complejo.

En este marco, el analista Rodrigo Ibarrola, del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep) señala que la deuda pública, al tiempo de haber sido de gran apoyo para ganar impulso en la inversión en nfraestructura, ha generado preocupación tanto en los especialistas como en la opinión pública.

Por su parte, el otrora Ministerio de Hacienda —hoy devenido en Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)—, ha publicado diversos estudios de análisis al respecto a fin de proyectar el comportamiento y su sostenibilidad.

En 2021, la Subsecretaría de Estado de Economía (SEE) del Ministerio de Hacienda publicó un documento llamado «Lineamientos Estratégicos para la Gestión de la Deuda Pública 2021-2025».

En ese documento se fijó un escenario de normalización de las cuentas públicas, que establecía lineamientos para volver al déficit fiscal de 1,5% sobre el PIB para el 2024, luego de los desalineamientos creados por la pandemia de COVID-19.

Al momento de esa estimación, se proyectó que en el peor de los casos, con choques exógenos múltiples – que el estado debía asumir el 20% de las deudas financieras (Banco Nacional de Fomento, Crédito Agrícola de Habilitación, Agencia Financiera de Desarrollo) y no financieras (ANDE, COPACO, ESSAP) de los entes descentralizados, y garantías por asociaciones público privadas (APP)- , y haciendo uso de la estrategia de administración de pasivos, la deuda alcanzaría a 36,3% del PIB y los intereses de la deuda en 1,5% del PIB en 2025. 

También estableció un techo de la deuda en un 40% sobre el PIB con el propósito de mantener la sostenibilidad. En 2022, también la SEE, pero en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publica otro documento denominado “Informe de Riesgos Fiscales de Paraguay”.

En este documento se advertía que bajo el actual entorno económico de “mayor percepción del riesgo internacional y endurecimiento de las alternativas de liquidez”, existen riesgos que podrían impactar la dinámica de la deuda y que el resultado dependerá de la profundidad o mitigación de estos riesgos. 

En consecuencia, se estableció que hacia 2027 la deuda podría ubicarse dentro de un rango de 22 al 31.5% del PIB, respectivamente”. Se estimaba que para el escenario base, aún sin la aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), el pago de intereses estaría en el orden del 1,3% del PIB para 2024, pero hoy sabemos que será por lo menos del 1,8%. El 2023 terminó en 1,7%, según el informe de Situación Financiera del MEF.

Es verdad que el pago de la deuda podría no estar en peligro actualmente, la cuestión es a qué costo. A medida que aumentan la deuda y la carga del pago de intereses se reduce el espacio fiscal para mejorar los servicios públicos, ni hablar de ampliarlos (ver gráfico adjunto)

En escenarios normales, un crecimiento en el pago de intereses podría ser cubierto por el aumento más que proporcional de los ingresos. Pero, según el MEF, en el ejercicio 2023, los ingresos aumentaron en solo en 6,4%, al mismo tiempo que los gastos lo hicieron en 17,4% y los intereses de la deuda en 44%, lo que anula esa posibilidad.

980 millones en deudas contraería este año el Estado a través de la colocación de bonos

De hecho, el año pasado, luego de 15 años, el monto destinado al servicio de la deuda superó al gasto de inversión en capital. Si bien existe una tendencia creciente de los ingresos tributarios a nivel nominal, habrá que ver si la misma se mantiene o responde solo a un choque por el reordenamiento institucional por la fusiónde la Subsecretaría de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduana (DNA) en la novel Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Para este año está la emisión de deuda soberana por US$532 millones, más el saldo de US$378 millones autorizados el año pasado, y una cartera de préstamos pendiente de aprobación de US$ 980 millones. 

“En conclusión, nos encontramos en una situación que requiere la mayor atención posible, así como acciones correctivas de modo a evitarnos problemas en el mediano plazo, ya que quizás los problemas no se presenten críticos en este periodo de gobierno, pero la vida de los paraguayos continuará luego de este gobierno”, redondeó el economista.