El fiscal de Ciudad del Este, Julio César Paredes, formaría parte de una asociación criminal que protege a las mineras de criptomonedas que están robando cantidades masivas de energía eléctrica a la ANDE.

Durante el pasado fin de semana, el representante de la sociedad especuló durante 24 horas para finalmente allanar una granja minera de Bitcoin.

Según graves denuncias, habría solicitado un soborno muy elevado, lo que finalmente condujo a la intervención y confiscación de las máquinas. La semana pasada, también llevó a cabo un allanamiento en otra minera “clandestina” en Santa Rita, donde no se confiscaron los equipos, sino que se dejaron en el lugar con la puerta lacrada.

Una residencia ubicada en la avenida República de Colombia, en el kilómetro 8 de Acaray, fracción Jardín del Este en la capital de Alto Paraná, fue denunciada el pasado viernes 5 de abril a las 11:00 horas por funcionarios de la ANDE por robo de energía eléctrica a gran escala. El fiscal Julio César Paredes tardó 24 horas en allanar el lugar.

Según fuentes, el fiscal Paredes supuestamente solicitó una coima de 20 mil dólares para evitar el allanamiento de la minera de moneda virtual y, por ende, la incautación de los dispositivos.

La propietaria de las máquinas, presuntamente Myrian Zunilda Álvarez Sánchez, quien alquila el inmueble, aparentemente no pudo reunir la suma de dinero exigida por el fiscal.

Un abogado, actuando como emisario de la mujer, intentó negociar con el representante del Ministerio Público. Más tarde, habría reducido su exigencia a 10 mil dólares. Como no se llegó a un acuerdo, Paredes, junto con personal de la subcomisaría 46ª de la zona y funcionarios de la ANDE, allanaron la granja minera el sábado pasado a las 11:30 horas.

Durante el operativo, se incautaron 149 máquinas para procesar criptoactivos, además de un transformador de 1.000 KvA (kilovoltamperio). Este tipo de conexión afecta el sistema de distribución de energía para los residentes en la zona, causando permanentes cortes, según los técnicos de la ANDE.

El consumo de energía eléctrica en el establecimiento intervenido representaba una pérdida mensual millonaria para la entidad estatal.

La juez penal de garantías, Paola Nagele Albrecht, había ordenado el allanamiento del lugar. El responsable de la subcomisaría 46ª del barrio San Juan informó a la Dirección de Policía en dos ocasiones sobre el procedimiento en la minera.

El primer informe, del viernes 5 de abril, detalla que a petición de funcionarios de la ANDE, el personal policial acompañó a las 11:00 horas a los técnicos del ente energético hasta la granja minera que supuestamente pertenece a la señora Myrian Zunilda Álvarez Sánchez.

Luego, el jefe de la subcomisaría mencionada informó nuevamente a sus superiores que el sábado 6 de abril, a las 11:30 horas, el personal policial acompañó al fiscal Paredes durante el allanamiento del lugar, es decir, 24 horas después.

El pasado jueves 4 de abril, el fiscal Paredes, junto con personal de la comisaría 18ª, allanó una granja minera de Bitcoin en el barrio Euro Parque de la ciudad de Santa Rita.

En esa ocasión, Paredes y su comitiva encontraron 667 máquinas mineras de criptomonedas conectadas de manera clandestina a las redes de la ANDE. De manera sorprendente, el fiscal no ordenó la incautación de las máquinas, sino que las dejó en el depósito con la puerta lacrada.