La Corte Suprema de Justicia, bajo la presidencia de Luis María Benítez Riera, insiste en un aumento salarial y ya tiene listo un proyecto de ley para presentar al Congreso. Los ministros buscan una millonaria ampliación presupuestaria, específicamente para el incremento de sus dietas y para otros magistrados.

El reajuste para los ministros ronda el 20%, lo que posiciona el salario de los integrantes de la Corte al mismo nivel que el de senadores y diputados, en promedio de G. 40 millones contando los beneficios adicionales, mientras que el sueldo de Benítez Riera ascendería a un monto cercano a los G. 55 millones mensuales.

El pedido de aumento contempla además aumentos superiores al 15% para jueces de paz y de primera instancia, además de incrementos de 22% para miembros de los tribunales de apelación.

La cifra total de todos los aumentos significaría un total cercano a los G 20 mil millones de guaraníes, solo desde julio hasta diciembre, incluyendo los aguinaldos.

La Corte, sin embargo, está en la mira del cartismo, que no esconde su intención de impulsar una barrida de aquellos que mantienen una línea opositora al gobierno, como Manuel Dejesús Ramírez Candia, Gustavo Santander, Víctor Ríos, César Garay Zuccolillo y Eugenio Jiménez Rolón.

La solicitud de ampliación presupuestaria incluye además casi G. 90 mil millones para la mejora salarial de cerca de 14.000 funcionarios permanentes, que alcanzaría a casi 1.100 magistrados a nivel país.

Entre sus argumentos, los ministros señalan la crítica situación del Poder Judicial, que afronta renuncias y jubilaciones masivas de magistrados, lo que genera una sobrecarga laboral para quienes permanecen en sus funciones y con remuneraciones que no han sido ajustadas desde 2012.

El caso de Kattya González podía significar la anulación del plan cartista de barrer a los opositores en el Congreso, también podría ser aprovechado por el oficialismo para promover el juicio político de los ministros de la Corte 

La Corte mantiene además pendientes de resolución temas polémicos como la acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora Kattya González (PEN), luego de ser despojada de su investidura en una jugada del cartismo y sus aliados en la cámara alta.

Esta decisión, que podía significar la anulación del plan cartista de correr a los opositores en el Congreso, también podría ser aprovechado por el oficialismo para promover el juicio político de los ministros de la Corte.