De las escasas 65 intervenciones que pudo realizar desde el 2019 hasta hoy, la ANDE registró un daño patrimonial de 20 millones de dólares a causa de las criptogranjas clandestinas. Anoche se descubrió otra que robaba energía por G.560 millones al mes.

El negocio de la criptominería está en auge en nuestro país, donde las empresas legalmente constituidas no llegan ni a 70, mientras que, las ilícitas crecen como hongos y desangran las arcas de la ANDE, al tiempo de afectar el suministro de energía para los usuarios legales.

La caza de ladrones de electricidad comenzó tímidamente en el 2019 y se robusteció a finales del 2023 e inicios de este 2024, con el acompañamiento del Ministerio Público en los operativos.

Desde el primer allanamiento realizado en el 2019 hasta hoy, el perjuicio patrimonial detectado por la ANDE (sin contar los que nunca captó) asciende a 20 millones de dólares, según confirmó el gerente comercial de la ANDE, ingeniero Hugo Rolón.

“Desde el 2019 hasta hoy tenemos más de 65 casos y diría que menos del 10 % pudimos hacer recupero de montos”, comentó el ingeniero Rolón.

En el 2023 hubo 33 intervenciones, mientras que, en lo que va del 2024 suman 19, incluida la de anoche en Salto del Guairá. Con las 19 de este año, la energía robada es la equivalente a lo que produce una turbina de la central hidroeléctrica Acaray.

Respecto a las máquinas incautadas, al tener un valor económico, quedan como garantía en poder de la ANDE hasta tanto se puedan hacer el resarcimiento, las multas y los pagos.

En el operativo de ayer en Salto del Gauirá, los delitos por los cuales deberá responder el propietario Raúl Sebastián Duarte son sustracción ilegal de energía eléctrica (Art. 173), perturbación del servicio público (Art 218) y sabotaje (Art. 274), todos ellos contemplados en el Código Penal.