El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, anunció este martes que se acordó con el Ministerio del Interior el refuerzo de las seguridad de jueces penales del fuero especializado en crimen organizado tras las amenazas vertidas por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que se encuentra prófugo de la justicia.

“Hemos reforzado las medidas de protección a nuestros magistrados con el objetivo de garantizar su seguridad y reducir los riesgos asociados a su labor. Estamos dedicados a proporcionar un entorno seguro que permita a nuestros jueces trabajar sin temor a represalias”, expresó Benítez Riera, al leer un comunicado emitido por la máxima instancia judicial.

Hemos reforzado las medidas de protección a nuestros magistrados con el objetivo de garantizar su seguridad

Luis Benítez Riera, Presidente de la CSJ

Marset, furioso por la detención de su esposa, Gianina García Troche, en España, envió un audio a al programa televisivo uruguayo Santo y Seña en el que fue duro con las autoridades paraguayas, afirmando que “están persiguiendo a una persona inocente” y amenazó a jueces y fiscales que llevan la investigación.

La jueza Rosarito Montanía es la que solicitó la extradición de la mujer que junto a su marido están investigados en el marco del Operativo A Ultranza, que indaga una red dedicada al lavado de dinero. También se brinda protección al fiscal Deny Yoon Pak, uno de los principales investigadores del Ministerio Público.

En el comunicado, la Corte también expresa su apoyo a los magistrados que deben trabajar en casos relacionados al crimen organizado.

“Entendemos los significativos desafíos que enfrentan y en ese contexto reiteramos que no están solos. El sistema penal paraguayo actúa de forma coordinada y eficiente, asegurando que la justicia especializada en la lucha contra el crimen organizado y todo el sistema penal del país”, resaltó Benítez Riera.

Por su parte, la ministra Carolina Llanes, afirmó que la semana pasada se aprobó un borrador del Plan de Política Criminal para la República del Paraguay, que busca establecer agendas concretas de actuación de los organismos encargados de la seguridad y la represión del crimen organizado.

El ministro Manuel Ramírez Candia se refirió al caso y aseguró que están trabajando para que los jueces que trabajan en el ámbito de la criminalidad compleja puedan trabajar normalmente.