La Cámara de Diputados aprobó un controvertido proyecto de ley que modifica varios artículos del Código Procesal Penal, reduciendo los plazos procesales y estableciendo que las causas que no sean imputadas por la Fiscalía en un plazo de 90 días deberán ser desestimadas. La iniciativa ha sido criticada por varios legisladores de la oposición, quienes advierten que la medida podría facilitar la impunidad de figuras vinculadas a casos de corrupción y crimen organizado.

El proyecto fue defendido por el diputado cartista Derlis Rodríguez, quien argumentó que la propuesta busca reducir la mora judicial. Sin embargo, diputados como Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida, calificaron la iniciativa como una “ley de impunidad”, asegurando que permitirá liberar a criminales y narcotraficantes al reducir drásticamente los tiempos para imputar.

Durante el debate en el pleno, varios diputados opositores, entre ellos Vallejo y Raúl Benítez, señalaron que la ley beneficiaría a personas cercanas al cartismo, como Horacio Cartes, quien enfrenta múltiples causas judiciales. Vallejo alertó que, de aprobarse, la ley podría aplicarse retroactivamente, beneficiando incluso a imputados en casos como el del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia.

Los diputados que se oponían al proyecto fueron interrumpidos repetidamente por parlamentarios oficialistas como Jatar Fernández y Yamil Esgaib, quienes a gritos defendían la iniciativa. Este comportamiento generó críticas en la oposición, quienes denunciaron que el proyecto había sido aprobado “a la fuerza” gracias a la mayoría matemática del cartismo en la Cámara Baja.

Una de las principales preocupaciones de los opositores es que el proyecto tendría aplicación retroactiva, lo que permitiría desestimar causas que ya están en curso, beneficiando a procesados por delitos graves. “Vamos a vaciar las cárceles, pero las calles se llenarán de delincuentes”, advirtió Vallejo durante su intervención, haciendo referencia al posible impacto de la nueva ley en casos de crimen organizado y corrupción.

El proyecto fue aprobado pese a haber sido rechazado en una audiencia pública por gremios de magistrados, fiscales y abogados particulares, quienes también advertían sobre sus implicancias. Entre los casos que podrían verse beneficiados, según los opositores, se encuentran los de narcotraficantes y empresarios vinculados al cartismo.

Con la media sanción de la Cámara de Diputados, el proyecto pasa ahora al Senado, donde se espera un intenso debate. Mientras tanto, desde la oposición ya han anunciado que continuarán denunciando lo que consideran una amenaza a la justicia y al Estado de Derecho en Paraguay.