La Sala Penal de la Corte rechazó la recusación contra los miembros del Tribunal de Apelación Penal Segunda Sala, integrada por los camaristas Bibiana Benítez, José Agustín Fernández y Delio Vera.

Con esta resolución, el máximo órgano de la Justicia destrabó el proceso de Rodrigo Quintana, quien fue asesinado en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), tras las protestas del 31M contra la enmienda constitucional que pretendía incluir la figura de la reelección presidencial durante el gobierno de Horacio Cartes.

La querella fue interpuesta por los abogados Ana Mora de Ramírez y Óscar Fabián Ramírez Mora, en representación de Leticia Redes, viuda de Quintana y madre de su hija.

El suboficial Gustavo Florentín fue acusado por homicidio doloso, al ser sindicado como el autor del disparo que acabó con la vida del joven liberal; sin embargo, por la serie de chicanas planteadas hasta ahora, no se pudo realizar su audiencia preliminar.

El suboficial Gustavo Florentín fue acusado por homicidio doloso, al ser sindicado como el autor del disparo

Florentín recuperó su libertad en abril del 2022 por compurgamiento de la pena mínima por el hecho punible.

El viernes del 31 de marzo de 2017 estuvo marcado por una serie de intensas manifestaciones con el propósito de evitar la enmienda constitucional, que estaba siendo avalada por un grupo de senadores cartistas, luguistas y llanistas.

Las protestas se iban intensificando por el golpe parlamentario y llegaron a su punto más álgido cuando un grupo de liberales fueron baleados y la sede legislativa comenzó a arder en llamas.

Cuando la situación parecía estar controlada, en la madrugada del 1 de abril, Rodrigo Quintana, de 25 años de edad, recibió un disparo de escopeta a mediana distancia, luego de que antimotines y efectivos policiales entraron a disparar y golpear a quienes estaban dentro del recinto del PLRA.

El viernes del 31 de marzo de 2017 estuvo marcado por una serie de manifestaciones con el propósito de evitar la enmienda constitucional

Si bien el caso desató una ola de indignación ciudadana y se abrió una investigación en el Ministerio Público, a casi 7 años de los incidentes, hasta ahora no se sabe quién dio la orden de atropellar un partido político.