El Senado aprobó la eliminación de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), cuyas funciones serán absorbidas por la Contraloría General de la República (CGR). Este cambio fue parte de la nueva ley de Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción, que también establece la creación de un Consejo Nacional Anticorrupción. Sin embargo, la aprobación generó preocupaciones entre legisladores y expertos debido a posibles conflictos de competencia y la falta de efectividad en la lucha contra la corrupción.

El presupuesto y los 17 funcionarios de la Senac pasarán a la CGR, encargada ahora de gestionar las denuncias contra funcionarios públicos a través de un portal especializado. Este portal permitirá dos modalidades de denuncias: nominales y con protección de datos. La primera será pública y la segunda solo podrá ser revelada con orden judicial. Cualquier funcionario que incumpla esta protección enfrentará sanciones penales.

Uno de los aspectos más discutidos fue la eliminación de las denuncias anónimas. Los críticos consideran que esto podría disuadir a ciudadanos de presentar denuncias, por temor a represalias. También se estableció que las denuncias falsas serán remitidas a la Fiscalía, lo cual, según algunos senadores, podría desalentar la participación ciudadana en la vigilancia contra la corrupción.

El proyecto de ley fue modificado en algunos aspectos clave. Por ejemplo, se eliminó la facultad de la CGR para emitir resoluciones vinculantes, que algunos temían interferirían con las funciones del Ministerio Público. Aun así, las preocupaciones persisten.

El senador Rafael Filizzola expresó que la ley no resolverá las tensiones entre el Tribunal de Cuentas y la CGR, ya que la Corte Suprema ha restringido en varias ocasiones el acceso de la Contraloría a ciertos documentos, debilitando su capacidad de control.

El Consejo Nacional Anticorrupción, que coordinará la estrategia anticorrupción del país, fue otra fuente de debate. Este estará compuesto por representantes de los tres poderes del Estado, pero algunos legisladores señalaron la posible injerencia del Gabinete Civil de la Presidencia.

El senador Sergio Rojas alertó que esto podría generar un “monstruo de dos cabezas”, con el contralor y el jefe del Gabinete Civil en el mismo nivel de poder.

Por otro lado, defensores del proyecto, como los senadores Luis Pettengill y Javier Zacarías Irún, afirmaron que el Consejo será un órgano deliberativo sin carácter resolutivo ni vinculante. Según ellos, su función será guiar a las instituciones en la prevención de la corrupción, sin intervenir directamente en sus decisiones. A pesar de esto, las críticas sobre la falta de participación de organismos clave, como el Tribunal de Cuentas y las Fuerzas Públicas, continúan.

La controversia sobre la eficacia y estructura del nuevo Consejo refleja la dificultad de implementar reformas integrales para combatir la corrupción en Paraguay, donde las tensiones entre instituciones complican los esfuerzos por lograr una mayor transparencia y rendición de cuentas.