El abogado Robert González, quien representa a la Senadora Kattya González, manifestó que el día lunes presentarán ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una acción de inconstitucionalidad tras la remoción de la legisladora del Senado.

Explicó que lo que se cuestiona es el camino utilizado por la Cámara para validar una decisión, a su parecer, completamente arbitraria.

Afirmó que las arbitrariedades dadas son tan flagrantes y el tema es de suma relevancia institucional que solicitarán medidas cautelares hasta tanto la Corte analice el planteo de fondo y que la exsenadora pueda seguir en su puesto.

Señaló que no pueden evitar las presiones políticas que puedan pesar sobre los Ministros de la CSJ, incluso de manera extorsiva, por lo que de igual forma asegura tener plena confianza en la Corte Suprema y no solo por este caso que incluso sería sencillo de estudiar ante las notorias faltas a la legislación, sino porque a su parecer la Corte viene dando muestras de credibilidad institucional hace un buen tiempo.

“Es una Corte renovada que ha sabido construir un capital político, un capital simbólico e institucional. Claramente ha reivindicado coherentemente el valor de independencia con respecto a los poderes políticos” dijo el abogado.

Es una Corte renovada que ha sabido construir un capital político, un capital simbólico e institucional. Claramente ha reivindicado coherentemente el valor de independencia con respecto a los poderes políticos

Robert González, abogado de Kattya González

Refirió que, teniendo en cuenta la magnitud y envergadura de la situación, por ser un tema trascendente y por la flagrante violación de cuestiones básicas, la Corte Suprema va a estar a la altura de las circunstancias, ya que el caso es muy fácil de fallar. Agregó que ya han analizado todos los precedentes que existen hasta la fecha en materia de pérdida de investidura, por lo que ya cuentan con algunos criterios que les permiten identificar cuáles son los caminos o vías que no deben seguir, teniendo en cuenta casos en los que la Corte “ha cerrado las puertas” para plantear una acción de inconstitucionalidad.

Se basarán en la violación del protocolo establecido por la propia Constitución Nacional y el reglamento aprobado por la Cámara de Senadores, para validar la toma de una decisión arbitraria por donde se mire, según el abogado. Plantearán que fueron violadas las garantías vinculadas a la defensa, ya que ni siquiera le fue notificada la acusación en su contra a la exlegisladora ni la documentación que respaldaba dicha acusación.

“Acá no hubo un plazo razonable, se pasó por encima de lo estipulado en el reglamento con relación al número establecido para validar la decisión; esa también es una vulneración que afecta las garantías de la exsenadora y también va en contra de la protección de las minorías. Hay un riesgo de alteración irregular de la composición parlamentaria” afirmó González.