El contralor general Camilo Benítez notificó al presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Colym Soroka, que el senador colorado Luis Pettengill, violentó la ley de conflicto de intereses como senador y, al mismo tiempo, proveedor del Estado.

Mientras ejercía la presidencia de la empresa Ocho A SA, el senador levantó la mano a favor del proyecto de ley que permitía al Ministerio de Economía colocar bonos por unos USD 600 millones para cumplir con los compromisos pendientes de los ministerios de Obras Públicas y de Salud Pública y Bienestar Social.

La notificación casualmente se registró mientras el bloque cartista sumaba votos para conseguir la destitución de la ahora exsenadora de la oposición Kattya González, promotora de la ley de conflicto de intereses y que en octubre pasado pidió la pérdida de investidura de su colega.

“Verificadas las documentaciones remitidas se constata que el senador nacional Luis Pettengill Vacca formaba parte como presidente/accionista de la empresa Ocho A SA Constructora hasta el 21 de marzo de 2023 y que en fecha de 11 de octubre de 2023, el mismo votó a favor del proyecto de ley por la cual se establecen Medidas Extraordinarias de gestión de Finanzas Públicas”, describe el informe.

Verificadas las documentaciones remitidas se constata que el senador nacional Luis Pettengill Vacca formaba parte como presidente/accionista de la empresa Ocho A SA Constructora hasta el 21 de marzo de 2023 y que en fecha de 11 de octubre de 2023, el mismo votó a favor del proyecto de ley por la cual se establecen Medidas Extraordinarias de gestión de Finanzas Públicas

Informe de la Contraloría

El informe confirma además que Pettengill actuó “en conocimiento que la citada ley contenía la forma de obtención de recursos para cumplir con los compromisos asumidos por el Ministerio de Obras Públicas (MOPC)”. En consecuencia, Pettengill no debería estar habilitado para ocupar el cargo en el Legislativo, ya que incurrió en la violación del artículo 196 de la Constitución que se refiere a las incom­patibilidades de las auto­ridades electas.

 “Ningún senador o diputado puede formar parte de empre­sas que exploten servicios públicos o tengan concesio­nes del Estado, ni ejercer la asesoría jurídica o la repre­sentación de aquellas, por sí o por interpósita persona”, establece el artículo.

Ningún senador o diputado puede formar parte de empre­sas que exploten servicios públicos o tengan concesio­nes del Estado

Las empresas proveedoras del Estado, aliadas en consorcios, todos pertenecientes al senador colorado, consiguieron megaadjudicaciones en la última década con el Institto de Prevision Social (IPS) y Petropar y el MOPC hasta el año 2029 por un monto superior a los 6,3 billones de dólares.

La ley fue promulgada por el presidente Mario Abdo Benítez meses antes del juramento de Santiago Peña. Sin embargo, el Senado desmembró el proyecto y anuló el conflicto de intereses personales y familiares y las prácticas de exfuncionarios definidas como puertas giratorias, y también exoneró a nuevos funcionarios de realizar su declaración jurada ante la Contraloría sobre qué tipo de cargos cumplía antes de ingresar a la función pública, entre otros artículos.