A través de una conferencia de prensa, autoridades del Gobierno explicaron los alcances de la nueva disposición, impulsada por el Ejecutivo para combatir la situación irregular alrededor del incipiente rubro de la criptominería. Entre algunas de las medidas, se establecen hasta 10 años de pena y el comiso de los equipos utilizados para la sustracción ilegal.

“Dicha ley tiene dos principales aspectos: eleva a 10 años la expectativa de pena privativa de libertad, mientras que establece la incautación de los bienes utilizados para tal hecho punible, a ser administrados temporalmente por la ANDE, para luego ser puestos a la venta”, explicó la vocera del Gobierno, Paula Carro.

Pueden instalarse, pero deben pagar lo que corresponde

Ing. Félix Sosa, Pdte de ANDE

Por otra parte, Félix Sosa recordó que el auge de la criptominería ocurrió en el año 2020, con una gran cantidad de inversores instalándose de manera legal, pero también ilícita.

“La mayoría de ellos son de procedencia China, desde ahí vinieron masivamente a Paraguay a instalarse”, contó el ingeniero.

En ese sentido, enfatizó que no se encuentran enemistado con el sector, sino que solo se busca que paguen el precio justo, a través de la tarifa técnica establecida por la estatal.