El Proyecto de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones pretende ejercer una supervisión centralizada y un marco regulatorio completo, con el objetivo de avanzar en los desafíos que enfrenta el sistema previsional paraguayo anuncian desde el Ejecutivo, quién metió el proyecto de Ley para que sea aprobado antes de fin de año.

Uno de los fundamentos del proyecto es que el sistema actual se encuentra desfinanciado, con baja cobertura, profundas inequidades y con importantes debilidades en la gestión de los riesgos asociados a sus inversiones, generando un riesgo para el cumplimiento de las obligaciones.

Asimismo, para la creación del proyecto se tomó como base que los recursos de 1.1 millones de personas no cuentan con supervisión (955 mil aportantes y 176 mil jubilados y pensionados), lo que representa un riesgo para la jubilación de millones de paraguayos.

A tal efecto, con la Superintendencia se pretende monitorear y supervisar la calidad, eficiencia y eficacia de las prestaciones previsionales de las entidades de Jubilaciones y Pensiones, además de velar por la integridad de los recursos financieros, evitando que sean desviados de sus fines específicos.

La Superintendencia será un órgano técnico, regulador y supervisor, con autonomía funcional y administrativa en el ejercicio de sus funciones. Cabe mencionar que no sustituirá a los órganos de administración de las diferentes entidades de jubilaciones y pensiones. Tampoco deroga las competencias de cada una de las instituciones que tienen leyes orgánicas.

Al mismo tiempo, se estipula que el Consejo de Seguridad Social se instaure como un órgano colegiado y deliberativo de carácter paritario y tripartito. 

“El Consejo será la instancia de la cual dependerá la Superintendencia, y tendrá el rol fundamental de evaluar y proponer las reformas legales y reglamentarias para el mejoramiento del sistema, así como realizar las modificaciones necesarias sobre las resoluciones que emita la Superintendencia, con el fin de garantizar el correcto desenvolvimiento del sistema”, dice parte del fundamento.

En la actualidad los registros refieren que existen ocho cajas públicas, algunas de las cuales presentan problemas de sostenibilidad financiera, indicando que los recursos que se generan son insuficientes para cumplir con sus obligaciones, lo cual pone en peligro el ahorro de los trabajadores.

En ese sentido, se menciona que la ausencia de un marco uniforme de manejo de recursos previsionales se traduce en decisiones inadecuadas, generaron significativas pérdidas patrimoniales y aceleraron los problemas de sostenibilidad financiera.

Cabe mencionar que en los últimos años varias denuncias y pedidos de intervención fueron la sombra en la gestión de varias entidades de Jubilaciones y Pensiones del país, como el caso de la Caja Bancaria, Caja Municipal, Caja de Itaipú, Caja Fiscal e IPS.

Al respecto, los estudios realizados por el Ministerio de Hacienda muestran que los recursos excedentes se acabarían en alrededor del año 2026 y, a partir del 2027, se tendría un déficit de aproximadamente USD 506 millones (equivalente a 1,3% del PIB), que deberán ser cubiertos con recursos generales del Tesoro.

Es decir, se estaría necesitando de recursos genuinos en torno a 1% del PIB que es justamente lo que, por ejemplo, estaría recaudando de manera adicional la DNIT con la reciente fusión entre Tributación y Aduanas; para cubrir el gasto en jubilación de cerca de 80 mil personas (que representan menos del 1% de la población paraguaya).

En la argumentación del proyecto indican que otra manera de cubrir este déficit que se generaría dentro del sistema es subiendo la tasa del IVA 2,5 puntos, pasando del 10 al 12.5%. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo existe la firme convicción de mantener la estructura tributaria y no cargar con mayores impuestos al sector productivo y a las familias.