La mayoría cartista y aliados en la Cámara de Senadores impusieron el proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), conocida como “ley garrote” o “ley antionegés”.

Con 31 votos a favor prosperó la versión aprobada semanas atrás por los diputados, con las modificaciones que planteó el presidente Santiago Peña, a las que se refirió Gustavo Leite (ANR-HC) en un audio filtrado como las “boludeces de Santi”.

El senador Derlis Maidana (ANR-HC), presidente de la Comisión de Legislación, leyó el dictamen por el cual aconseja la sanción de la versión de Diputados, mientras que el dictamen en minoría solicitó el rechazo.

Sostuvo que la ley cubre ”una laguna legislativa” con relación al destino del dinero que reciben las organizaciones civiles sin fines de lucro.

Los senadores Silvio Beto Ovelar (ANR-HC), presidente de la Comisión de Hacienda, y el liberocartista Dionisio Amarilla, de la Comisión de Cuentas y Control, también defendieron la aprobación de la nueva versión que envió la Cámara de Diputados al Senado.

Eduardo Nakayama, senador liberal independiente, resaltó que este tipo de ley solo está vigente en Nicaragua y Venezuela, “dos dictaduras que el Estado paraguayo condenó”, y recordó que en Paraguay se tiene una democracia representativa, participativa y pluralista.

“Nosotros vamos a controlar a las organizaciones que molestan al discurso oficial. Estamos metiendo las garras del Estado para controlar de una manera que puede ser peligrosa”, expresó.

Además, advirtió que después de esta propuesta de “control”, pueden venir restricciones a la libertad de prensa, libertad del pensamiento y hasta la libertad de culto o religiosa.

Nakayama pidió que se deje constancia de su rechazo a las dos versiones, tanto de Senadores como de Diputados.

Por su parte, el legislador Rafael Filizzola (PDP) afirmó que la ley antioenegés pasará a la historia como una “ley infame”.

“Yo no quiero que mi nombre quede asociado a esta ley, ni en la ley del Senado, que es un adefesio”, subrayó y afirmó: “Es una mentira que no existan controles. No se les controla a los amigos”, acotó.

Para Filizzola, esta es una ley que solo se le puede ocurrrir a los “tiranos de la historia”.

Criticó el artículo 3 de la normativa, que incluye en el control a las organizaciones que reciben fondos privados y aquellas que quieran contribuir o incidir en las políticas públicas.

“El gobierno inútil que tenemos quiere controlar fondos privados”, aseveró y cuestionó la exclusión de las iglesias y de los clubes deportivos, como si allí “no existiera el lavado de dinero”.

Calificó como un “día triste para la democracia” y reveló que la intención final es cerrar las organizaciones que critican al Partido Colorado.

Celeste Amarilla, del PLRA, valoró que la ley es una “venganza” contra las ONG que hablaron sobre la Agenda 2030 y que observó que el movimiento oficialista pone en riesgo el grado de inversión.

Aconsejó, a su vez, a sus colegas cartistas y satélites que dejen de leer a los medios de comunicación que los critican, porque ella no pierde “10 minutos de su vida leyendo La Nación”, ex propiedad del ex presidente de la República, actual titular de la ANR, líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes.

Esperanza Martínez (FG) se dirigió directamente a Santiago Peña, para recordarle la conversación que mantuvieron en Mburuvicha Róga con opositores, además de ratificar que su gobierno tiene “sesgo autoritario”, que se instaló desde que asumió este periodo legislativo.

“Pedimos que paremos este proceso de instalación de mecanismos de control que va a beneficiar a grupos económicos y poderes fácticos, que son los que conducen este país. Todos esos poderes no están precisamente en la lapicera de Peña”, acentuó.

Apeló a la “valentía” del presidente de la República para vetar totalmente la ley y agregó: “Ojalá tenga el coraje”.

Por otra parte, anunció que solicitará a través de la Comisión de Salud informes a Cenáculo del Paraguay, oenegé vinculada a Gustavo Leite, a fin de verificar si su centro de rehabilitación se ajusta a los programas de tratamiento establecidos por ley.

Durante su discurso político, el senador Ignacio Iramain (PEN) definió a la ley como una propuesta legislativa que criminaliza a la sociedad civil y adelantó que el siguiente paso es la prensa.

Así, desde su análisis, se va a completar “el círculo de eterno retorno de las sociedades arcaicas y mediocres”, señaló.

Asimismo, reprochó la pérdida de credibilidad y confianza de una comisión que “es acosada por la incoherencia de nuestras actuaciones en este recinto”.

“No se puede tener una comisión con integrantes con prontuarios sospechosos”, afirmó.

Como ya es una práctica en las sesiones, sean en la Cámara Baja o Alta, se volvió a pedir el cierre de la lista de oradores y de debate. En esta ocasión, la moción salió del senador cartista Javier Zacarías Irún (ANR), quien tuvo el acompañamiento de la mayoría de sus colegas.

Yolanda Paredes (PCN) declaró que desde el Congreso Nacional se insiste en no querer controlar el dinero que usan Itaipú Binacional y Yacyretá, pero se pierde el tiempo en una ley que quiere “castigar a las oenegés que hablaron mal del Partido Colorado”.

El senador Dionisio Amarilla sostuvo que “es oportuno y conveniente” establecer un marco regulatorio para “estas organizaciones que se constituyen sobre la base de la filantropía”.

“Al final, muchas organizaciones sin fines de lucro han sido organizaciones de lucro sin fines”, ironizó.

En esa misma línea, Leite pidió que el debate se circunscriba a la verdad.

“¿Cuál es el garrote? ¿Cuál es el miedo de las asociaciones que representan a la sociedad civil? ¿Que la sociedad civil vea en qué gastan su plata?”, cuestionó.

Su colega Natalicio Chase mencionó que lo único que se reclama con esta ley “es que no existan ciudadanos de primera ni de segunda, todos tienen que rendir cuentas”.

“La ley solo busca transparentar, pero existe ese plan de deslegitimizar la verdad”, insistió.